Economía Digital | Ya tenemos un canal de denuncias: ¿Y ahora qué?
Canal de denuncias
El Confidencial Jurídico | MDC Abogados y Atland cierran una alianza estratégica para expandir sus servicios
Nueva alianza estratégica en el sector legal. Nuestra firma, MDC Abogados, sella una alianza de colaboración preferencial con Atland Abogados para la referenciación de clientes en todo el territorio nacional. …
The Objective | El Gobierno deja en el limbo la nueva autoridad que protege a denunciantes de corrupción a través del canal de denuncias
a nueva Ley que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un canal de denuncias interno.
El Confidencial | Canal de denuncias: a la espera de la autoridad independiente
La nueva Ley obliga a las empresas, Administraciones y organismos de más de 50 trabajadores a contar con un canal de denuncias o sistema interno de información en las empresas.
MDC Abogados participa en el XXXVII Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas
Del 7 al 10 de junio, MDC Abogados participó en la reunión que tuvo lugar en Valencia para celebrar el congreso anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (DSJV-AHAJ) y a la que asistimos junto a más de 120 juristas provenientes de Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Portugal y España.
The Objective | Compliance penal: Consecuencias de desproteger la identidad de una capitán que denunció acoso en el Ejército
El abogado y experto en protección al denunciante y Compliance penal recuerda, de inicio, que “el propio Protocolo frente al Acoso Sexual de las fuerzas armadas establece en los apartados 6 y 7 de su punto tercero la salvaguarda del derecho a la intimidad y a la confidencialidad debidas”.
Economist & Jurist | La situación legal del ‘compliance officer’ ante la Ley de Protección del Informante
Las nuevas obligaciones legales pueden suponer una contradicción con el derecho a la no autoincriminación que recoge la Constitución
The Objective | La nueva ley contra la corrupción expone a las empresas a multas millonarias
Las empresas se enfrentan a sanciones que podrían llegar al millón de euros con la nueva ley de protección al denunciante de corrupción.