Quién soporta el coste de la corrupción.

El caso Gürtel es un buen ejemplo para conocer quién soporta el precio de la corrupción. Un intermediario se dirige a un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quién negocia la correspondiente comisión. A su vez el intermediario percibe una comisión del 3% y el empresario que abona ambas comisiones recupera parcialmente lo abonado mediante la facturación y cobro de servicios que no fueron prestados pero que fueron incluidos en el pliego como mecanismo para repercutir la comisión al propio ayuntamiento. La comisión del intermediario se ingresa a través de sociedades registradas en paraísos fiscales, Nevis-Antillas Holandesas y Suiza, justificándose como abonos efectuados desde el exterior relacionados con la actividad profesional de publicidad y marketing.

Empresario y bandera de las Antillas Holandesas

Otras veces junto a las comisiones en metálico se reciben pagos en especie a través de sociedades de eventos que atienden el pago de facturas que corresponden a servicios de imprenta y azafatas prestados al restaurante que regenta el cónyuge de un consejero y nuevamente las comisiones se repercuten. La repercusión se llevaba a cabo mediante su inclusión como uno de los costes, identificado con carácter general como «varios» y sobre estos costes, como si de uno ordinario se tratara, se aplica con carácter general el porcentaje que como margen de beneficio se pretende obtener, de modo que el perjuicio para las entidades públicas no es únicamente el de la comisión abonada, sino el importe facturado con motivo de la misma.

        Se muestra aquí uno de los perniciosos efectos de la corrupción. Quien paga la dádiva no soporta normalmente su coste, lo repercute al propio pagador mediante nuevas facturas sin contenido, aumentando el precio, o en su caso suministrando productos o servicios de peor calidad y ello en claro contraste y desventaja con el actuar del empresario leal, quien disminuye su ganancia para pagar a su agente a quien considera parte del sistema empresarial, de modo que automáticamente surge una diferencia entre el empresario leal y el desleal, con un mayor coste para el primero que perjudica la libre competencia.

Entre las medidas anti corrupción a incluir en los programas de cumplimiento tendrán un papel preponderante las destinadas a la adecuada gestión de los recursos financieros, estableciendo controles que eviten desvíos mediante facturas por servicios no prestados o con conceptos genéricos y carentes de un contenido material u otras prácticas fraudulentas semejantes. Para ello deberán establecer o emplear las políticas de pagos, de control de compras, de evaluación de proveedores o de auditoría interna en cualquiera de las múltiples formas recomendadas por estándares internacionales como ISO, [L1] las disposiciones contables de la FCPA, o la Sarbanes-Oxley Act. Al confeccionar el programa se deberán adecuar estas normas que podrán emplearse como los modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos, que exige el art. 31bis del Código Penal, debiendo tener siempre en cuenta y en todo caso, que no es suficiente con la instauración de determinadas normas u obligaciones para un cumplimiento meramente formal. Es esencial establecer los adecuados controles y comprobaciones para que en efecto esas normas se cumplan.


 [L1] A menudo estos estándares ISO son fáciles de cumplir de manera meramente formal, sin que excluyan realmente la  corrupción.